Todos los individuos para poder desarrollarse correctamente
deben satisfacer una serie de necesidades y, cuando su situación económica no
se lo permite, es responsabilidad de los Estados solventar dichas carencias, a
fin de promover el desarrollo de una comunidad con igualdad de oportunidades y
condiciones. Sin embargo, sólo se queda en teoría, ya que basta mirar nuestro
alrededor para encontrar desigualdad, frustración, desamparo, pobreza y por
supuesto la constante violación de los derechos sociales de individuos.
En el ánimo de las personas el
creciente desempleo repercute en los ingresos familiares, y en su sentir, existe una enorme desigualdad entre el ingreso
y la riqueza, entre las condiciones de vida que prevalecen en el campo y la
ciudad, entre regiones y entre actividades productivas; de tal manera que es desigual la organización política y
social, así como el acceso a la recreación y la cultura.
Esta situación que históricamente
ha marcado a cada uno de los municipios que conforman al país, desde los
inicios de la formación nacional, la economía, la política y la cultura han
sido un conjunto de desigualdades que separan al país de un desarrollo nacional
y social consistente y pleno.
Un marcado ejemplo lo observamos
en los inicios de Derecho del Trabajo, donde el trabajador para defender sus
derechos tuvo necesidad de asociarse y es así como esa asociación profesional,
una vez estructurada entra a formar parte de los medios naturales de defensa
del trabajador, tendiente a otorgar una situación de igualdad jurídica en las
relaciones con su empleador.
El derecho individual y el
derecho colectivo del trabajo, se conjugan con el fin de proteger al
trabajador, corrigiendo la situación de inferioridad en que se encuentra el
mismo, ambos derechos tienden a hacer efectivo el principio de justicia social.
Del mismo modo sería la materia
pendiente del Estado combatir cada una de las deficiencias que no permiten el
pleno goce de los derechos colectivos para lo cual se requiere de una nueva
estrategia de desarrollo cuya premisa fundamental sea la decisión política de
satisfacer, en un plazo urgente, las necesidades esenciales de toda la
población.
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